Quina, añil, tagua o látex de caucho son algunos de los bienes que Colombia ha exportado en diferentes momentos de su historia, desde los albores de la independencia en el siglo XIX. Si bien sus usos son muy distintos, pues van desde la medicina hasta la industria, pertenecen a una misma categoría: todos son productos forestales no maderables (PFNM) que, debidamente aprovechados, son fuente de prosperidad sin poner en riesgo la subsistencia de bosques y selvas.
Que este es un segmento de enorme potencial, es algo que no tiene discusión. Un cálculo de la FAO habla de 88.000 millones de dólares derivados de la comercialización de los PFNM en el mundo, aunque muy posiblemente el estimativo se queda corto.
Pero más allá de la cifra, salta a la vista que las posibilidades que existen en el país para desarrollar este sector son muy amplias. La superficie cubierta de bosques en el territorio nacional es unos 59 millones de hectáreas, la cuarta más extensa en América Latina y el Caribe.
Ese invaluable activo se encuentra en peligro por cuenta de la deforestación, cuya amenaza no termina. Es por ello que en este Gobierno se han redoblado esfuerzos contra este flagelo, que incluyen controles de las autoridades y castigos para quienes se dedican a “tumbar monte”.
Numerosos reportes confirman que esta abominable práctica va mucho más allá de ampliar la frontera agrícola y ganadera. También hay propósitos francamente criminales que incluyen la ocupación de baldíos de la Nación y el desarrollo de actividades ilícitas como cultivos y minería ilegal.
Junto a la labor que se adelanta para sancionar ejemplarmente a aquellos que expolian el patrimonio de todos los colombianos, también es clave demostrar que la preservación de nuestros bosques ayuda a sembrar el progreso. Ese es el motivo por el cual a mediados de 2021 expedimos el decreto 690 que hace referencia al manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables.
La norma en cuestión establece que estos son aquellos que provienen de especies e individuos vegetales como flores, frutos, semillas, cogollos, raíces y hojas que pueden aprovecharse sin destruir árboles, palmas o arbustos. Dicho de otra manera, no son madera, sino la propia expresión de nuestra rica biodiversidad que beneficia a las comunidades que cuidan a el que puede ser el origen principal de sus ingresos.
De lo que se trata, en último término, es de comprobar que el mejor negocio que existe es cuidar la naturaleza que nos rodea, no solo como la expresión de un principio abstracto, sino como la confirmación de una realidad. Quien lo ponga en duda solo necesita observar que se trata de proveer eslabones insustituibles en las cadenas de fabricación cosmética, alimenticia o farmacéutica, entre otras.
De tal manera, la utilización responsable de estos recursos servirá para que todas las personas entiendan que no hay rentabilidad mayor que la de no tocar bosques y selvas. Si ello ocurre, lograremos conseguir la meta de cero deforestación que hemos establecido para 2030, en lo que debe ser un verdadero propósito de Estado, no de un gobierno en particular.
Semejante afirmación puede ser recibida con incredulidad. No obstante, he constatado personalmente que productos como asaí o sacha inchi han servido para mejorar la calidad de vida de centenares de campesinos que antes se dedicaban a cultivar coca o derribar árboles centenarios que vendían por unos pocos pesos a los comerciantes inescrupulosos.
A mediados del mes pasado, para citar un ejemplo concreto, estuve en el municipio de La Montañita, en Caquetá, visitando la planta de la Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho de ese departamento. Gracias al apoyo del Centro Internacional de Agricultura Tropical, se han comenzado a elaborar cauchos especiales que comandan mayor valor. Es la demostración práctica de que es posible producir conservando y conservar produciendo.
Publicado en El Heraldo.
